Larga lucha contra la impunidad

A partir de la presidencia de Alan García, pero sobre todo desde la de Alberto Fujimori y su lucha contra Sendero Luminoso, Perú sumó casi 70 mil muertos y desaparecidos, además de quienes fueron sometidos a torturas, violaciones o desplazamiento forzado por el conflicto interno. A pesar de que el segundo de esos mandatarios cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos, la mayoría de los crímenes estatales siguen en la impunidad. Organizaciones no gubernamentales acusan falta de voluntad política del gobierno para resolver el problema.

LIMA.- La noche del 17 de julio de 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) en Perú, el paramilitar Grupo Colina, formado por soldados del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), irrumpió en la residencia estudiantil de la Universidad La Cantuta y secuestró a nueve estudiantes y un profesor. Los creía relacionados con un coche bomba que Sendero Luminoso (SL) había detonado un día antes, con saldo de 22 muertos en la capital del país.

Un año después, gracias una revelación periodística, fueron descubiertas cuatro fosas clandestinas en una quebrada al este de la ciudad con los 10 cuerpos quemados. Cinco fueron desenterrados e identificados.

Por este caso fueron condenados en 2008 cinco militares. En 2009 la matanza de La Cantuta fue una más de las acusaciones contra Fujimori, quien fue condenado a 25 años de cárcel.

Esta sentencia fue considerada un hito de la justicia internacional, en particular en Latinoamérica, donde por primera vez un expresidente electo democráticamente era juzgado y condenado. Los familiares de las miles de víctimas de la represión estatal de los ochenta y noventa en Perú creyeron que se ponía fin a la impunidad. Tras años de sufrir agravios e indiferencia, llegaba la hora de la justicia y la reparación social y moral.

No obstante, un lustro después vuelve a reinar el escepticismo.

Cuando en julio pasado, con motivo del aniversario de la matanza de La Cantuta, las familias de los asesinados fueron a poner flores en el lugar donde todavía están enterrados los restos de cinco de ellos, encontraron que el lugar había sido alterado y una empresa constructora usó el terreno como cantera de arena para una obra cercana, sin tener siquiera permiso para ello.

“No solamente ha enterrado parte del camino que nos conducía a estos sitios, sino que casi todo el cerro ha desaparecido”, denuncia Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique, uno de los estudiantes asesinados hace 22 años.

Ortiz acusa al fiscal –nombrado el año pasado para recuperar definitivamente los restos que quedaban en el lugar– de no haber hecho ninguna diligencia en todo este tiempo y haber permitido que las fosas fueran dañadas, tal vez irremediablemente. “La preocupación que tenemos es que si con esa tierra que han negociado, también se han ido los restos de nuestros familiares”, explica.

Esta negligencia es sintomática de la falta de interés de las autoridades peruanas por resarcir a las víctimas del conflicto interno.

La falta de voluntad política se manifiesta en varios factores, desde las ridículas indemnizaciones a las familias afectadas o la inexistente reparación histórica, hasta la búsqueda de los miles de desaparecidos y los juicios contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad.

Justicia inmóvil

La violencia política que sufrió Perú durante el conflicto armado con SL y el régimen de Fujimori tuvo un costo de casi 70 mil vidas humanas –muertos y desaparecidos– además de quienes fueron sometidos a torturas, violaciones o desplazamiento forzado, entre otros crímenes, según el informe que elaboró hace 11 años la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) creada para investigar lo sucedido durante las dos últimas décadas del siglo XX.

Según ese informe, SL fue responsable de 54% de las víctimas fatales; el Ejército, de 37%. El resto es atribuible a otros grupos, como el guerrillero Movimiento Revolucionario Túpac Amaru o los Comités de Autodefensa armados por el gobierno.

Desde entonces no han dejado de sumarse a la lista nuevas denuncias y las organizaciones de derechos humanos aseguran que hay casos que todavía no han salido a la luz, pues mucha gente no se atreve a hablar, especialmente en zonas rurales habitadas por indígenas, quienes más sufrieron.

El Estado peruano creó una instancia, una Sala Penal Especial, para juzgar estos delitos. No obstante, explica Rocío Silva, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (una coalición que reúne a 83 ONG de todo Perú), “ahora también se ocupa de los casos de corrupción, los casos de narcotráfico, los conflictos sociales… Se desvirtuó el sistema supranacional de derechos humanos”.

Esto, sumado a la falta de recursos destinados por el Estado a las investigaciones fiscales, ha hecho que los procesos avancen muy lentamente y muchos ni siquiera lleguen a juicio.

Silva sostiene que han visto “morir a muchas madres sin que pudieran recibir la reparación que merecían”. Y advierte que muchas más pueden seguir el mismo camino, pues “hay personas que tienen 70 años, pero hay otras que tienen 95”.

Hay mujeres, añade, “violadas en 1981, y han pasado 33 años y todavía no hay una sola sentencia en el Poder Judicial peruano que responsabilice” a los victimarios.

“El problema”, indica María Rodríguez, de la ONG Taller de Estudios para la Memoria, “es que pensábamos que con el juicio a Fujimori se estaba abriendo una puerta para que hubiera todo un sistema especializado que empezara a resolver estos casos de derechos humanos. Pero al parecer ha sido todo lo contrario: Con Fujimori se cerró esa puerta. Ya tienen al culpable y del resto de casos nos tenemos que olvidar”.

Una de las familias que sigue esperando justicia es la de la periodista Melissa Alfaro, quien tenía 23 años, el 10 de octubre de 1991, cuando abrió una carta-bomba que agentes del Estado enviaron a la revista donde trabajaba, Cambio. Este medio era uno de los más críticos del gobierno de Fujimori y fue cerrado por los militares cuando éste dio un golpe de Estado en abril de 1992.

La madre de Melissa, Norma Méndez, acusa al Poder Judicial de ser “lento e impasible”. Tuvo que volver a poner la denuncia en 2004 porque durante el golpe de Estado muchos documentos judiciales fueron quemados y el expediente de su caso desapareció. “Han transcurrido más de 10 años desde que fue presentada la denuncia y no encontramos justicia”, se lamenta.

El acusado por ese asesinato, el capitán del SIE Víctor Penas, fue capturado en 2010 tras varios años prófugo. Se le considera autor material de éste y otros atentados con cartas-bomba con los que el régimen trató de acallar a los medios críticos. Sin embargo, en marzo de 2013 fue puesto de nuevo en libertad al haber cumplido el tiempo máximo de prisión provisional.

“Este año se cumplen 23 desde el asesinato de mi hija y todavía quiero saber el nombre de todos y cada uno de los involucrados y saber por qué sucedió. Es una pregunta que me hago día a día”, dice Méndez.

Gloria Cano, abogada y activista de la Asociación Pro Derechos Humanos, ha llevado muchos casos en Ayacucho, región a la cual pertenece 40% de las víctimas mortales del conflicto. Denuncia que, en esta demarcación, “cada denuncia archivada era un punto adicional a favor del fiscal”.

“El fiscal que más casos archivó, recibió al final del año un bono económico por su gran labor. La producción no es por caso solucionado, no es por investigación exitosa, sino por resoluciones dadas”, indica.

Todo esto ha provocado que el número de condenas sea ínfimo en relación con la cantidad de casos de violaciones a los derechos humanos.

Jo Marie Burt, representante de la Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), ha recopilando la información sobre estos juicios desde que comenzaron tras el informe de la CVR. Asegura que de las cerca de 3 mil denuncias presentadas, casi la mitad (unas mil 400) ha sido archivada y que hasta enero del año pasado había habido sólo 60 sentencias. Éstas, además, han decretado la absolución de 137 de los acusados, frente a sólo 67 condenas.

Después de los primeros años, en los que pese a la lentitud de los procesos hubo algunas condenas en casos emblemáticos, “ha habido un giro en los últimos cuatro años más o menos, en donde las sentencias comienzan a ser muy problemáticas. Comienzan a darse absoluciones y ahora es mucho más común la absolución que la condena”, alerta Burt.

“Para mí, como familiar, es un logro haber traído a Fujimori extraditado (desde Chile en 2007), llevado a juicio y sentenciado, pero eso de alguna manera ha perjudicado la mirada y la presión internacionales respecto al tema de la justicia en Perú”, lamenta Gisela Ortiz.

“Para muchos sectores que financian los temas de acompañamiento legal a las víctimas y observadores del tema de la justicia, Perú es la maravilla porque es el único país en América Latina en el que hay un expresidente sentenciado por violaciones a los derechos humanos. Pero esa es la pantalla, porque detrás de todo eso hay una impunidad increíble”, añade.

Búsquedas infructuosas

Entre las miles de víctimas se calcula que hay unos 12 mil desaparecidos, aunque los registros todavía no se han sistematizado y no hay una cifra oficial actualizada. Desde hace años, familiares y activistas piden infructuosamente que se aplique un Plan Nacional de Búsqueda para averiguar el paradero de esas víctimas.

Desde el año pasado las asociaciones de afectados trabajaron con el Ministerio de Justicia en una propuesta de ley. “La terminamos en febrero de este año con el compromiso de que para marzo salía un decreto supremo con esa ley, pero hasta ahora no ha pasado nada”, acusa Ortiz.

Cromwell Castillo todavía quiere saber qué fue del cadáver de su hijo, Ernesto Castillo, estudiante de sociología detenido en 1990 cuando hacía encuestas para un trabajo de su carrera en un barrio marginal de Lima y de quien no se volvió a saber nada.

En 2006 este caso sentó un precedente al ser el primero en el cual se dictó una sentencia condenatoria. Tres policías rasos fueron castigados con 15 años de prisión y el comandante al mando de esa acción a 16. Sin embargo, en 2012 la justicia concedió la libertad vigilada a los tres uniformados. Uno de los requisitos para obtener este beneficio era que tenían que mostrar su arrepentimiento por el crimen. Pero “no han dicho qué hicieron con mi hijo y aun así los han liberado”, reprocha Castillo.

Otros de los pocos condenados han comenzado a pedir esta medida de libertad vigilada. Pero lo que es más grave, alerta Burt, es que en lo que va de este año “la Corte Suprema ha anulado dos sentencias condenatorias y ha liberado a los imputados”.

“El proceso de judicialización ha avanzado con logros pequeños pero simbólicamente muy importantes, lo cual ha generado una suerte de reacción de un sector de las fuerzas armadas, que se ve involucrado directamente en esos casos, y de sectores políticos y conservadores”, admite la activista de WOLA.

En el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), bajo cuyo primer mandato (entre 1985 y 1990) se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, hubo “una serie de pronunciamientos desde el poder alegando que había una persecución penal a las fuerzas armadas librada por los organismos de derechos humanos. Incluso acusaban a los abogados de esos casos de ser prototerroristas”.

Tras la llegada al poder en 2011 de Ollanta Humala, exmilitar con un discurso de izquierda, ese tipo de ataques directos a los procesos de justicia y a las ONG se ha calmado, agrega Burt. “Pero lo que hay es un proceso calladito donde hay mucha presión para archivar casos, para absolver a los imputados y minimizar esos procesos”.

El propio Humala fue acusado en 2006 por dos víctimas, durante su primera campaña por la Presidencia, de estar implicado en torturas y asesinatos cuando era capitán en una base militar del norte del país en 1992. Sin embargo, estas dos personas se retractaron sin que se llegaran a saber los verdaderos motivos.

La última afrenta que han sufrido las víctimas fue el nombramiento en junio pasado de Daniel Urresti como ministro de Interior. El nuevo responsable de la policía nacional es un militar que está siendo investigado por su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988 en Ayacucho. Dos militares ya fueron condenados en 2007 por ese crimen, aunque la sentencia establecía que se debía seguir indagando porque había más culpables.

Dos antiguos militares, incluido uno de los dos ya condenados, han apuntado a Urresti como responsable del comando que mató a Bustíos, pero el caso está ahora atascado en el Ministerio Público, en espera de que el fiscal encargado presente la acusación formal, algo que en teoría debería haberse producido el mes pasado.

Ortiz considera este hecho como una prueba de que al actual gobierno “no le importan los derechos humanos”. Recuerda que el presidente prometió durante su campaña acabar con la impunidad para estos casos y reparar a todas las víctimas. Sin embargo, “por un lado no hay justicia, por otro lado no se cuidan los sitios de entierro, nadie va a buscar a los desaparecidos, no se repara económicamente de manera digna a las víctimas… no ha cumplido con nada”, le reprocha.

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